El tema del castigo corporal entra en la discusión de la agenda pública del país en el año 2003, cuando la Defensoría de los Habitantes de la República presenta un Proyecto de Ley que buscaba su abolición como medida correctiva.
El proyecto se plantea como una reivindicación de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, en la medida que se trata de una práctica legalizada, colectiva y cotidiana, que violenta sus derechos a la igualdad de protección ante la ley y al respeto pleno de su integridad física y su dignidad humana. El análisis y discusión sobre este tema, para la aprobación de la ley, tomó cinco años, durante los cuales, se desarrolló una valiosa discusión pública, así como esfuerzos de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos y a padres, madres y responsables.
Es en agosto del año 2008 cuando se aprueba la Ley 8654 “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante”, que en lo fundamental implicó derogar de la legislación costarricense toda autorización del uso del castigo corporal, prohibir de forma explícita su uso como medida correctiva y proponer políticas públicas en procura de nuevos métodos de crianza.